ZP, ese hombre - III parte

Hay que poner límites al tema de las fronteras y nunca mejor dicho. Hay que poner a Marruecos contra la pared y decirle de una vez por todas que o pone fin al asalto de nuestras fronteras, por tierra y por mar, o aquí se acaban las facilidades para el paso de camiones con productos agrícolas –que encima nos hacen la competencia– procedentes de tierras marroquíes y capital francés. Es lo que procede y eso es lo que nos hacen unos y otros un día sí y otro también, pero para eso habría que ser decentes y estar decidido a que se nos respetase. Lo que tenemos, por el contrario, es un Gobierno de fantoches que no merece el respeto de nadie, ni siquiera de los españoles.

Las fronteras terrestres, aunque no sirvan para mucho, están delimitadas, pero las fronteras marítimas son motivo de un antiguo y largo contencioso ya que no nos ponemos de acuerdo en la forma de delimitarlas. Parece sencillo porque todos sabemos cuales son nuestras costas pero habiendo petróleo por medio el asunto ya no es tan claro. Y esa es la madre del cordero.

Cada país tiene su Zona de Exclusividad Económica (ZEE) –su nombre describe de qué se trata– que generalmente está limitada por la línea mediana entre dos países o la que delimita las doscientas millas desde la costa. Hasta ahora los intentos de delimitación se han enfrentado a la hostilidad marroquí, aunque la legalidad internacional permite a España delimitar unilateralmente su “mar territorial” trazando en su caso la mediana y así lo hemos hecho, como se recoge en nuestra Ley de Costas –art. 3.3– sin que Marruecos haya acudido a los tribunales internacionales por ello.

En Canarias hay petróleo, pero el conflicto surge cuando los pozos que han de extraerlo se sitúan en un punto que está dentro de la línea mediana pero también dentro de las doscientas millas de la costa saharaui que Marruecos considera suya, ya que los permisos para las prospecciones están localizados entre 15 y 50 millas de la costas canarias.

Marruecos mantiene que dichas aguas le pertenecen según la normativa vigente, Esa normativa señala que los estados archipiélagos pueden extender sus aguas hasta 200 millas de Zona Económica Exclusiva y que en caso de chocar con otro país, se establece la mediana entre ambos.

Según Marruecos, éste no es el caso, puesto que Canarias es un archipiélago de Estado –no un Estado archipiélago– y éste no puede aspirar a más de las 12 millas de aguas territoriales en torno a cada isla. Esa es la razón de los apresamientos de pesqueros españoles en aguas que España considera propias y fuera de las territoriales marroquíes. Pero según ellos, Canarias están en aguas marroquíes, excepto 12 millas alrededor de las islas.

Por parte española, se considera que las discrepancias y el conflicto abierto sobre la soberanía de las aguas debe resolverse en función del Tribunal Internacional de La Haya, que dictaminó el 16 de octubre de 1975 que Marruecos no tiene soberanía sobre los territorios de el Sahara ni, por tanto, sobre sus aguas.

Hay una reciente resolución de la ONU donde no se le reconoce a Marruecos la condición de país administrador de los territorios del Sahara y, por lo tanto, se le niega también cualquier capacidad de conceder permisos de extracciones petrolíferas no sólo en el continente sino también en las aguas jurisdiccionales.

Sin embargo, Marruecos no ha querido acudir a los tribunales internacionales para establecer los límites de las aguas jurisdiccionales. La razón es que a Marruecos no le conviene acudir a los tribunales porque ello tendría un coste mucho mayor para Marruecos que para España.

En el Mediterráneo esa demanda supondría la confirmación por el Tribunal Internacional de Justicia de los títulos de soberanía española en el norte de África, ya que para defender sus pretensiones Marruecos tendría que demostrar que España no tiene soberanía sobre los espacios terrestres que generan su derecho a una zona marítima. Resulta obvio que Marruecos nunca podría demostrar su soberanía sobre los territorios españoles del norte de África, ni siquiera sobre Perejil.

En el Atlántico sucede lo mismo. Aunque España concedió licencias petrolíferas en las proximidades de las islas Canarias sin haber acordado previamente con Marruecos el reparto de la ZEE, Marruecos no ha demandado a España ante el Tribunal Internacional de Justicia porque ello podría reabrir el contencioso del Sáhara Occidental ya que para definir la ZEE y la plataforma continental habría que dar el dato de sobre qué espacios terrestres y consecuentes mares territoriales se ejerce soberanía.

Siendo evidente que desde el punto de vista internacional Marruecos no ejerce soberanía sobre el Sáhara, una tal demanda podría dar lugar a un nuevo pronunciamiento de Tribunal Internacional de Justicia contrario a las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara que, en este momento, en el que se apuesta políticamente por la anexión contraviniendo la legalidad internacional, sería de un coste internacional inasumible para Marruecos e incluso para sus aliados americanos y franceses que aspiran al petróleo saharaui.

España tiene muchas bazas y es un buen momento para imponer sus fronteras y hacerlas reconocer internacionalmente conforme a una soberanía que Marruecos no puede discutir, pero en manos de ZP y Moratinos, España perderá una vez más su oportunidad y sus derechos.

Diversos estudios apuntan a la eventual existencia de bolsas de petróleo, no solamente en las aguas entre el Sahara Occidental y Canarias, sino también en el Mediterráneo y en el mar de Alborán – frente a nosotros, desde Gibraltar hasta Almería –. También, algunos analistas indican que esas han sido las principales causas de la crisis de las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos.

Dicha información revela un dato apenas conocido por la opinión pública, como es que en marzo de 2000 la petrolera estadounidense “Conoco” obtuvo una licencia de reconocimiento de las autoridades marroquíes para sus aguas territoriales en el Mediterráneo, incluyendo las aguas que circundan Ceuta, Melilla, el Peñón de Alhucemas e incluso la isla de Alborán.

El Gobierno español del PP, lejos de expresar su desacuerdo por esta amplia interpretación del concepto "aguas territoriales" que rodean a Ceuta y Melilla e iniciar un conflicto, inteligentemente otorgó a la misma sociedad cuatro permisos de investigación de hidrocarburos, todos ellos colindantes y situados en la parte española del mar de Alborán, frente a la costa de Marbella. Es decir, no vamos a discutir de quien son las aguas, sino de quien es el petróleo.

Esto supone que la misma sociedad posee los derechos petroleros a ambos lados de la frontera hispano-marroquí, lo que sugiere que “Conoco” está tras la pista de un "sistema petrolero" que se extendería a ambos lados de la frontera marina entre los dos países.

Si se llega a perforar en la zona, y se hace cerca de las plazas españolas en África, caben pocas dudas de la fuerte reacción que se podría desatar, sobre todo tras el conflicto de Perejil. Pero los verdaderos problemas comenzarían si “Conoco” encontrase un yacimiento, aunque fuese modesto. No hay duda de que las relaciones entre España y Marruecos dependerán de dónde se realice este pozo y de sus resultados.

Eso sí, dejando aparte los otros problemas que pudiera plantear una perforación a la vista de municipios turísticos como Fuengirola o Marbella. Además estos trabajos se están llevando a cabo con absoluto secretismo, al menos, en la zona española. Las autoridades de los municipios afectados no informan a los ciudadanos de lo que está ocurriendo y los medios de información tampoco dicen nada sobre estos acuerdos y desencuentros.

Ahora, en manos del presidente Rodríguez, no caben las discusiones y podemos salir de dudas ya que resolverá el problema con su decidido talante de siempre.

El petróleo es de los moros.

Todos recordarán que solamente nos enteramos de que Ceuta y Melilla no estaban bajo cobertura de la OTAN con ocasión del incidente de Perejil. Dábamos por sentado que por formar parte del Reino de España, firmante del Tratado del Atlántico Norte, ambas ciudades serían defendidas por la OTAN al tratarse de un ataque a nuestro territorio, a nuestra nación. Pero nada más lejos de la realidad. La letra pequeña tiene esas trampas de cara a la ciudadanía, aunque no debían engañar a los expertos ni a quienes lo negociaron y Felipe González sin duda era consciente de ello pero nos lo ocultó como tantas otras cosas. Una vez más, los socialistas nos engañaron y dejaron indefensos a los únicos territorios españoles realmente en peligro.

El caso de las Islas Canarias es distinto. Se encuentran incluidas expresamente en el Tratado del Atlántico Norte –Art. 6– donde se considera ataque armado el que se produzca contra (...) “las islas bajo jurisdicción de cualquiera de las partes”...

Ahora se ha planteado un nuevo instrumento que debería otorgar protección a Ceuta y Melilla: la Constitución Europea, que en su Artículo IV–440.- Apartado 2. – Ámbito de aplicación territorial – pág. 171, dice lo siguiente:

«2.- El presente Tratado se aplica a Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica, la Reunión, las Azores, Madeira y las Islas Canarias...»

Resulta que la Constitución Europea excluye nuevamente a Ceuta y Melilla. Sin duda se trata de una maniobra preventiva de Zapatero para no tener problemas con su pretendida entrega a Marruecos ya que reconocer estas ciudades como territorio europeo significa que quedarían excluidas de cualquier negociación dado que la Constitución europea sostiene que el territorio europeo es indivisible. Sin embargo, observen como los territorios franceses se reconocen y protegen bajo dicha Constitución. Ellos defienden sus intereses, Zapatero los traiciona en favor del tirano marroquí, socio de Felipe González y “familia” de nuestro Rey.

Bien, pues de la misma forma que se hizo con los acuerdos de la OTAN, Ceuta y Melilla tienen el mismo tratamiento discriminatorio en estos nuevos pactos por los que se establece una Constitución para Europa. Las Canarias se mencionan expresamente y, una vez más, estábamos dando por hecho que las ciudades españolas del norte de África quedaban incluidas dentro del Reino de España, pero así lo creíamos también cuando la OTAN y nos equivocábamos.

Entonces nos engañó el socialista Felipe González y ahora nos engaña el socialista Zapatero, ambos conspirando a espaldas de los españoles y confiando en que la estupidez y apatía de la ciudadanía le hará permanecer en la más absoluta ignorancia sobre el contenido del Tratado y que bastará que catetos como “Los del Río” digan lo que hay que votar para que la plebe aborregada lo haga.

Curiosamente, las Canarias también forman parte de España y por ello sería innecesaria una mención expresa, aunque no obstante se incluye un párrafo para que no existan dudas, pero no así con Ceuta y Melilla. Todo ello para tener las manos libres, seguramente por iniciativa de Máximo Cajal, asesor personal de ZP en relaciones internacionales que patrocina y defiende la entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos ya que se trata de “una situación colonial que es una afrenta a Marruecos”. A este indeseable pro-marroquí parece que no le importan las afrentas a España y sólo le preocupan las afrentas a quienes posiblemente sean sus socios. Sería conveniente investigar los intereses de Máximo Cajal en Marruecos que le llevan desde dentro del Gobierno español a ir contra los intereses españoles. Eso se llama traición a cuanto debía defender.

El tema de la Constitución Europea no se ha terminado y su inventor e interesado valedor Giscard d’Estaing no ha tenido reparo en decir que aunque se haya votado en contra habrá que repetir las votaciones hasta conseguir su aprobación. Nunca se vio un desprecio semejante a la voluntad popular y una defensa tan descarada de intereses particulares, con los que Zetapé colabora de forma tan intensa como perseverante, como si le fuera en ello su futuro bienestar.

Ya que los intereses de España no están defendidos en la Constitución Europea, no cabe duda que los intereses que defiende ZP son otros, entre los que cabe la posibilidad de que estén los suyos propios. De otra forma resulta inexplicable la obstinación con que reiteradamente defiende intereses que ni son los nuestros ni los demandan mayoritariamente los españoles.

Hay motivos de sobra para abrir todos los días nuevas comisiones de investigación. ¿Cuantas firmas hacen falta?

Soñar no cuesta nada...

Muchos se siguen preguntando si nuestros aliados europeos intervendrían para ayudarnos a defender Ceuta y Melilla en caso de una agresión marroquí. La respuesta ya la tuvimos cuando el asalto marroquí a la isla Perejil.

Francia mantiene una alianza estratégica con Marruecos, donde tiene intereses comerciales y expectativas petrolíferas, por lo que Francia impidió en Julio 2002 que la presidencia de la Unión Europea emitiera una declaración de apoyo a España tras la recuperación de la Isla Perejil. Según Francia, se trataba de un asunto bilateral, a pesar de tratarse de una agresión a la soberanía de un país de la Unión Europea.

Y así las cosas, ahora debemos añadir que en la Constitución Europea –transitoriamente frustrada– el tema de política de defensa y seguridad quedaría controlado y dictado por Francia –única potencia nuclear del continente– que tendría que darnos el visto bueno para cualquier acción defensiva que queramos emprender. España pierde en capacidad de defensa y seguridad al tener que adoptarse políticas exteriores comunes en algunos casos de obligado cumplimiento para los Estados (artículos I-40 a I-43). Una nueva acción como la de Perejil –o Ceuta y Melilla– debería ser aprobada por nuestros mejores amigos, los franceses. Ese es uno de los grandes temas que ZP el Exterminador nos ha ocultado.

Nos quedan los americanos y la OTAN. Debemos a ZP haber perdido nuestro status de “aliado preferente” de los EE.UU. y haber cedido nuestro sitio a Marruecos, así que los americanos quedarían automáticamente al lado de sus nuevos aliados preferentes, frente a la estupidez de un gobernante que no se ha recatado en agraviarles o en pedir a los demás países que también se marchen de Iraq.

La OTAN –Tratado del Atlántico Norte– en sus artículos 4, 5 y 6 lo deja bien claro: Ceuta y Melilla no se incluyen en el Tratado.

«Artículo 4.- Las Partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada.

Artículo 5º.- Las Partes acuerdan que un ataque contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y, en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes atacadas, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte.

Cualquier ataque armado de esta naturaleza y todas las medidas adoptadas en consecuencia serán inmediatamente puestas en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán tomado las disposiciones necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales.

Artículo 6º.- A efectos del artículo 5, se considera ataque armado contra una o varias de las Partes, el que se produzca:

- Contra el territorio de cualquiera de las Partes en Europa o en América del norte, contra los departamentos franceses de Argelia, contra el territorio de Turquía o contra las islas bajo jurisdicción de cualquiera de las Partes en la zona del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer.

- Contra las fuerzas, buques o aeronaves de cualquiera de las Partes que se hallen en estos territorios, así como en cualquier otra región de Europa en la que estuvieran estacionadas fuerzas de ocupación de alguna de las Partes en la fecha de entrada en vigor del Tratado, o que se encuentren en el Mar Mediterráneo o en la región del Atlántico Norte al norte del trópico de Cáncer.»

Así pues, un ataque contra Ceuta y Melilla no obligaría a la organización del Tratado del Atlántico Norte a la defensa de estos territorios por encontrarse en el continente africano, considerado “fuera de área”, pero sí tendría que intervenir en la defensa de las fuerzas, buques o aeronaves que se encuentren en el Mediterráneo para proteger las dos plazas de soberanía. Se realizaría una doble defensa: la de España en Ceuta y Melilla y la de la OTAN protegiendo a los barcos y aviones que actuasen en la lucha desde fuera del territorio africano para defender estas ciudades.

Es decir, estaríamos solos para defender Ceuta y Melilla aunque nuestros buques en la mar contarían con el apoyo de la OTAN para su protección, así como nuestras plazas y fuerzas en territorio peninsular.

La política exterior nos ha puesto en manos de franceses y marroquíes – precisamente quienes tienen más intereses contrapuestos con España – y nos ha alejado de los únicos a los que podríamos pedir ayuda en caso de conflicto armado. El día que pase algo en Ceuta y Melilla y haya más muertes españolas, la culpa sería de la negligencia criminal y sectarismo de ZP en el desempeño de sus funciones.

Como Presidente del Gobierno de España, ZP el Exterminador no está defendiendo los intereses nacionales, pero la Historia lo pondrá en la cloaca que le corresponde. Esperemos que la justicia humana – en cualquiera de sus variantes – también.

La lista de cargos contra ZP a causa de su irresponsabilidad culposa crece cada día.

Hay quien hace comparaciones entre Gibraltar y Ceuta y Melilla como si los ingleses de Gibraltar tuvieran su equivalencia en los españoles de Ceuta y Melilla y la devolución de Gibraltar a España hubiera de corresponderse con la “devolución” de Ceuta y Melilla a Marruecos. La ignorancia de quienes así se expresan es la propia de analfabetos adulterados por la lectura de El País y similares. Son analfabetos encubiertos, camuflados bajo una ligera capa de culturilla progre aprendida para cada ocasión y siempre para apoyar la línea gubernamental, igual de manipulada e inmunda en todos los casos.

Nuestras ciudades del norte de África nunca pertenecieron a Marruecos aunque sí a los árabes. Ceuta y Melilla fueron cristianas con los romanos, los bizantinos y los godos y ya eran españolas antes de la creación del reino de Marruecos.

Después de unos siglos de ser cristiana, a Ceuta la conquistaron los árabes en el año 709, los portugueses la ocuparon en 1415 y pasó voluntariamente a España en 1640.

Por lo tanto, en toda su historia fue árabe durante 706 años y de los pueblos cristianos precursores de España y de los españoles fue el resto de los siglos.

Melilla fue ocupada por las huestes de Mahoma poco antes que Ceuta. Rescatada por Castilla en 1497, lleva ya 505 años bajo nuestra bandera.

Con la historia en la mano ¿puede Marruecos decir que son suyas, cuando pertenecían a la España romana y goda siglos antes de que Mahoma mandase a las tribus de los arenales de Arabia a conquistar el mundo cristiano y a imponernos su religión?

No debemos dejarnos confundir por el hecho de que Ceuta y Melilla estén situados en la otra orilla del Mediterráneo. Si su situación geográfica fuese un título de propiedad para sus vecinos, ¿qué pasaría entonces con las Islas Canarias, más cercanas a África que a Europa?

Así pues, no debemos olvidar que Ceuta y Melilla no fueron musulmanas hasta setecientos y pico años después de Cristo. Hasta entonces habían transcurrido muchos siglos sin que el Islam tuviera dominio alguno sobre ellas. Excepto el paréntesis en que estuvieron ocupadas por los musulmanes, siempre estuvieron bajo el mandato de gobernantes europeos y nunca dejaron de ser cristianas.

Y no lo olvidemos: Ceuta y Melilla fueron árabes –conquistadores musulmanes procedentes de Arabia– pero nunca, recuerden, nunca, pertenecieron a Marruecos ni tuvo poder alguno sobre cualquiera de ellas. Ceuta y Melilla eran españolas antes de que Marruecos existiera como nación. No parece que haya ningún paralelismo entre esto y la historia de Gibraltar.

Reivindiquemos Gibraltar, a Marruecos que le den morcilla y Zapatero que rinda cuentas de lo que hace con el patrimonio que se le ha dado para administrar durante un corto periodo de tiempo, tan corto que no le da derecho alguno a disponer de ello como si fuera suyo lo que durante siglos fue de España.

El Rey Hassan II de Marruecos, fallecido padre del actual soberano alauita, planeó en 1990 invadir la península ibérica con 30.000 inmigrantes procedentes de los suburbios de Casablanca, Tánger, Kenitra, Taza y Ouxda. Esta operación, conocida secretamente como "marcha de la tortuga", fue el segundo de los intentos de la Monarquía marroquí de sacar provecho de la disposición de las autoridades políticas españolas al cambio cultural y étnico de España.

Uno de los objetivos de la misión "marcha de la tortuga" consistió en la integración de esos primeros 30.000 inmigrantes magrebíes en el paisanaje de algunas comarcas españolas, fundamentalmente de Andalucía, Cataluña y Madrid.

Posteriormente, y al albur de la disposición española a facilitar la integración legal y laboral de los nuevos invasores, el soberano alauita previó un aumento escalonado de los asentamientos a través del tránsito por el Estrecho de cientos de pateras controladas, autorizadas y dirigidas por el lobby mafioso de Abdelrraman Souki, muy vinculado al actual soberano de Rabat. La operación "marcha de la tortuga" cumpliría así el primero de sus objetivos.

Algunos años atrás, en 1977, ante la llegada de los primeros 3.000 inmigrantes marroquíes, el Partido Nacionalista Español de Melilla puso la voz de alarma ante la paulatina, creciente y descontrolada marroquización de aquella ciudad, habitada entonces por 75.000 españoles de origen. Las premonitorias advertencias de los españolistas melillenses solo merecieron agrios comentarios en la prensa española, que les acusaban de sembrar la alarma con excesos xenófobos llamados a romper la convivencia entre dos países hermanos y amigos.

Hoy la realidad se impone y habla por sí sola. De los 3.000 marroquíes censados en Melilla en 1.977 (apenas un centenar de ellos poseía la nacionalidad española), se ha pasado a 47.000 al cerrar el ejercicio del 2.003, de los que 40.000 han sido ya privilegiados con la ciudadanía española. Ello sin computar el porcentaje de residentes ilegales que esperaban regularizar su situación y que las estadísticas más fiables sitúan en otros 20.000.

Hay que decir también que de los 75.000 españoles de origen que vivían y trabajaban en Melilla en 1.977, hoy apenas resta algo menos de la mitad. El futuro tampoco se presenta más halagüeño. Con el índice de natalidad más alto de la Unión Europea, de cada diez nacimientos que tienen lugar en los paritorios de la Ciudad Autónoma, nueve son de padres musulmanes. Aunque oficialmente los musulmanes no superan en esa ciudad el 40% de la población, según asociaciones musulmanas, la cifra está recortada y ya son mayoría. Por su parte, el servicio secreto del Ejército y CNI sostienen que se aproximan poco a poco hacia la mayoría y que los musulmanes serán mayoría en Ceuta y Melilla en la próxima década.

Tampoco hay que ignorar otro dato igual de alarmante. Diariamente traspasan el paso fronterizo melillense de Beni Enzar más de un centenar de embarazadas marroquíes dispuestas a parir en territorio español, gracias a la debilidad de la legislación española que, a diferencia de la gibraltareña, naturaliza de facto a los recién alumbrados. Según la tasa bruta de natalidad, que mide el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes, Melilla y Ceuta se sitúan a la cabeza, con una medida de 17,74 y 17,94 nacimientos por 1.000 habitantes, cuando la media nacional se sitúa en 10,62 nacimientos (INE - datos 2004).

Como consecuencia de todo ello, un elevadísimo porcentaje de la población española de Melilla se ha visto impelida a buscar acomodo en territorio peninsular, dada la imposible convivencia con esos nuevos y peculiares españoles de pleno derecho.

El escudo de Melilla

A la sangría estadística que tiene por víctimas a nuestros compatriotas melillenses, hay que sumar también la merma moral que sufre la ciudad, derivada del predominio de unas normas sociales y económicas basadas en la exclusión de los infieles y en la cultura del narcotráfico, en feliz consorcio con las autoridades marroquíes que controlan los cultivos de cannabis en todo el valle rifeño de Ketama.

Por si fuera poco, Melilla cuenta con un partido islámico integrista representado en su Asamblea Autonómica, Coalición por Melilla. Su presidente, Mimon Abercham, un médico adoctrinado profesional e ideológicamente en el Kabul de los talibanes, propuso la necesidad de que, en la piscina municipal, las mujeres se solacen en completa intimidad y sin las indiscretas miradas de miradas varoniles. Más o menos como en el Afganistán del mulá Omar donde, dado el proverbial combate que musulmanes e higiene mantienen desde siglos, no había piscinas. Un alarmante anticipo de lo que aún habremos de ver el día que los integristas controlen las instituciones políticas melillenses, con los impuestos eso sí de todos los españoles.

Así y gracias al imparable aumento de electores musulmanes, se teme que Coalición por Melilla resulte la fuerza política ganadora resultante de los próximos comicios locales del 2.007. Solo la unión institucional de PP, UPM y PSOE, éste último con no pocas reservas y no menos gestos de felonía, ha impedido hasta ahora que Melilla sea la primera ciudad de España y de la Unión Europea en tener un alcalde-presidente de obediencia islámica en su versión fundamentalista.

Todo esto está llamada a reproducirse en amplias zonas del territorio peninsular español. Según cifras oficiales, el número de inmigrantes en nuestro país alcanza ya la friolera de dos millones y medio, de los que un millón y medio proceden del universo mahometano.

La "marcha de la tortuga" ha dado ya sus primeros y prometedores frutos. Y la cosecha promete ser aún más fértil y generosa en los próximos años. El Instituto de Población prevé que 18 millones de inmigrantes musulmanes – el 40% sobre un población de 45 millones – formen parte del paisanaje español en el 2.030. Es decir, que nuestros hijos vivirán en una España en la que cuatro de cada diez habitantes reconocerán en sujetos tan abyectos como el imán de Fuengirola a su máxima autoridad moral y política. Ya se sabe que en el Islam prevalece siempre el punto de vista de la autoridad religiosa sobre el del poder civil.

Más datos para la reflexión. Según el INE, en 1975 el número de hijos por mujer española era de 2,8 y ahora apenas llega a 1,3, por debajo de la tasa del 2,1 considerada mínima para mantener el reemplazo generacional. Ni qué decir tiene que las autoridades políticas españolas, algo con lo que previsoramente jugaban los arquitectos de la operación "marcha de la tortuga", han cargado sobre las espaldas de los hijos de Alá el necesario reemplazo generacional, sabida es la prodigalidad de esa gente a la hora de despachar niños al mundo.

La apresurada regularización de ilegales ha hecho el resto, no sin que el ministro francés del Interior –interpretando el sentir europeo– haya considerado inaceptable que un socio de la Unión Europea procediera a una regularización masiva de inmigrantes sin «haber advertido o pedido opinión» a los otros países que sufrirán también las consecuencias de la irresponsabilidad de ZP.

Y esto es lo que hay. Además de los actuales peligros separatistas, el asunto de la inmigración musulmana debería ser considerado como el más grave y acuciante desafío al que se enfrenta la entera nación.


Fuente: Resumen de diversos orígenes