ZP, ese hombre - III parte

Muchos son los frentes abiertos entre el Gobierno que nos desgobierna y la Iglesia Católica.- Aborto, investigación, homosexualidad, educación y, en general, todo aquello que bajo la ética cristiana tiene unos límites que la izquierda no está dispuesta a respetar ni siquiera cuando así lo exija la mayoría.

Así que la Iglesia, una vez más, es un freno a las aspiraciones del totalitarismo de los gobernantes de izquierdas y por ello siempre ha sido un objetivo a abatir. Si a ello añadimos que nuestro "Gobierno" está formado mayoritariamente por masones, enemigos declarados de la Iglesia, tenemos sobradas razones para esperar sus ataques y represalias.

La señorita De la Vega, nuestra detestable vicepresidenta del Gobierno, ha amenazado con recortar las asignaciones de la Iglesia, como revancha por el apoyo de ésta a la exitosa manifestación sobre educación y aunque ya venían expresándose en este sentido desde hace algún tiempo, la humillación conferida al Gobierno por la manifestación ha sido la gota de agua.

Vuelven a la carga y, consecuentemente, vuelvo sobre el tema de la financiación de la Iglesia. Dos son los conceptos por los que la Iglesia recibe dinero del Estado: La subvención de la labor social que desarrolla y su sostenimiento como organización religiosa.

La labor social de la Iglesia está fuera de discusión excepto para los detractores voluntariamente ciegos. Todos los gobiernos tienen previstas ayudas para las organizaciones no gubernamentales que desarrollen labor social entre los desfavorecidos y, tratándose de un gobierno socialista, tales ayudas deberían ser incuestionables y preferentes, pero el Estado español contribuye parcialmente –no los cubre íntegramente– a los servicios prestados. La labor que desarrolla la Iglesia está subvencionada ni más ni menos que como cualquier ONG o entidad que realice la misma actividad social y con los mismos criterios para todos. El mayor volumen de la contraprestación económica que recibe la Iglesia es proporcional al mayor volumen y alcance de su tarea y no hay otra razón ni privilegio. Así que tales subvenciones no son otra cosa que el pago de servicios prestados a la comunidad y al bien común, católico o no. No todos los pobres ni enfermos atendidos por la Iglesia son católicos.

El sostenimiento de la Iglesia tiene otras motivaciones y su origen es histórico por lo que los lazos entre la Iglesia y el Estado son profundos y tradicionales. En nuestra historia reciente, primero fue el Concordato (1953) entre el Vaticano y el régimen de Franco. Después, con la democracia, fue la Constitución (1978) y finalmente los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, actualmente en vigor.

Dicho Acuerdo Iglesia-Estado sobre Asuntos Económicos establece la colaboración del Estado con la Iglesia “en la consecución de su adecuado sostenimiento económico” (art. 2,1) y añadía que transcurridos tres años, “el Estado podrá asignar a la Iglesia católica un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta” (art. 2,2). Así nace el sistema actual, llamado de “asignación tributaria”, que sustituye al de “dotación presupuestaria” y pretende proporcionar a la Iglesia “recursos de cuantía similar” (art. 2,3).

Pero estando los socialistas por medio, la arbitrariedad no se hizo esperar. "Alfa&Omega", web dependiente del Arzobispado de Madrid, lo explica: «El Acuerdo establece un sistema de colaboración del Estado con la Iglesia basado en la decisión libre de los contribuyentes, mediante la asignación de un porcentaje de sus impuestos para la colaboración con el sostenimiento de la Iglesia. El principio parece claro: el Estado ejerce la función de recaudador, y la Iglesia recibe lo que los ciudadanos le asignan. Dicho sistema, pactado entre las partes, debería ser capaz, tal y como aparece en los Acuerdos, de generar una cuantía similar a la que venía recibiendo la Iglesia por el sistema previo al acordado. De esa manera, el Estado ya no utilizaría su dinero para financiar, con cargo a sus presupuestos generales, a la Iglesia, sino que actuaría como recaudador.

Pero a la hora de poner en marcha el sistema, en 1987, el Gobierno socialista tomó dos decisiones de manera unilateral: establecer el porcentaje de la asignación tributaria en el 0,5239% y fijar una alternativa contrapuesta a la asignación de la Iglesia. Es evidente que el problema de la insuficiencia de la asignación tributaria nace de la mala instrumentación técnica del Acuerdo y no de otras consideraciones. El Acuerdo, en origen, preveía tres años de transición que vienen alargándose, dado que no se ha conseguido establecer un sistema que permita, por sí solo, ofrecer la cuantía similar acordada. La solución, por tanto, en el marco de los Acuerdos y con el instrumento imprescindible del diálogo, pasa por establecer un porcentaje de asignación en torno al 0,7%, o al 0,8%, como ocurre en Italia.

También convendría aclarar que la cantidad global que recibe la Iglesia por esta vía de la asignación tributaria no es, ni mucho menos, elevada, teniendo en cuenta la realidad de la Iglesia en España, con 23.000 parroquias y más de 20.000 sacerdotes.»

Por otro lado, algunas jerarquías de la Iglesia matizan y recuerdan. El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, afirmó ayer 14 novbre 2005 en una entrevista en el programa “La Tarde con Cristina” de la Cadena COPE que el porcentaje del IRPF que los ciudadanos pueden destinar a la Iglesia católica “hace imposible, en la práctica, su autofinanciación” y contestó a María Teresa Fernández de la Vega, asegurando que el Estado no concede fondos “graciosamente” a la Iglesia, sino que canaliza las aportaciones de los ciudadanos a través de la asignación tributaria.

Por su parte, el obispo de Málaga y presidente de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Dorado, precisó que "el dinero que se ofrece a la Conferencia Episcopal no procede del Gobierno, sino de la sociedad que libremente suscribe una cláusula poniendo “sí” en la parte que se detrae de los impuestos del pueblo".

Igualmente, el arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña, dijo hoy que la Iglesia «le ahorra al Estado» cada año 36.060 millones de euros por la prestación de servicios asistenciales, benéficos y educativos, entre otros, mientras que recibe de aportaciones tributarias y consignaciones presupuestarias 132 millones anuales.

La situación en que se encuentra la financiación de la Iglesia se debe exclusivamente al insuficiente porcentaje fijado unilateralmente por los socialistas a recaudar para la Iglesia en la declaración de la renta. Si este porcentaje se dejara libremente a la voluntad del donante, que a ZP no le quepa duda que la cifra sería infinitamente mayor porque evidentemente los católicos preferimos que nuestro dinero vaya a la Iglesia en lugar de a Cuba.

Entre los detractores de la Iglesia hay quien argumenta que "la Iglesia española recibe cada año del Estado (o sea de todos los ciudadanos, sean o no católicos) cantidades de dinero difíciles de precisar con exactitud", pero estos manipuladores no dicen que también muchas ONGs y asociaciones de izquierdas reciben cada año del Estado (o sea de todos los ciudadanos, sean o no de izquierdas) cantidades de dinero también difíciles de precisar con exactitud.

Así que, si hay que recortar las dotaciones económicas de la Iglesia, cuya labor sin distinción de ideologías está fuera de dudas, también deberían controlarse y reducirse las cantidades que se entregan a tales asociaciones cuya labor es puramente sectaria y parcial, además de contrarias a la voluntad de la mayoría ciudadana que se declara católica.

Esas cifras que se destinan a los amigos de La Pasionaria, a regalar tanques a Marruecos o a perdonar deudas a dictadores amigos son las que ya se vienen recortando a la Iglesia. En consecuencia y conformes con la letra del acuerdo económico, el porcentaje que el Estado recauda para la Iglesia a través de la declaración de la renta, debería incrementarse hasta proporcionar “recursos de cuantía similar” (art. 2,3) a los anteriores.

Y los quieran conocer a qué dedica su dinero la Iglesia, deberían pasarse por aquí.