ZP, ese hombre - III parte

Una exhibición de mal gusto el cartel de la FELGT, grosero en el texto y en la imagen. Desde luego no creo que sea para estar orgulloso de la imagen que reflejan. ¿Y así esperan despertar simpatías y conquistar apoyos? No me cabe duda que una parte de la progresía, lo más tirado de la sociedad, los que no tienen otro futuro que el porro y vivir de la subvención, aplaudirá esa ofensa a la vista y al buen gusto del que carecen.

La FELGT (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) se constituyó en abril de 1992 y desde febrero de 2003 es presidida por Beatriz Gimeno, activista destacada del Movimiento GLTB e histórica militante feminista.

De ellos mismos dicen que la FELGT es el referente más importante del movimiento asociativo gay, lésbico, transexual y bisexual del Estado Español, por historia, por trayectoria, por estructura, por número de asociaciones que la integran y por las aportaciones hechas en estos años.

La presidenta de la FELGT rechazó la posibilidad de que los funcionarios puedan apelar al derecho de objeción de conciencia para oponerse a la tramitación de un matrimonio entre dos personas del mismo sexo.

En declaraciones a Europa Press, Gimeno considera que los funcionarios, en este caso la secretaria titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Colmenar Viejo, "deben respetar la Ley". "Si no son capaces de respetar las leyes que se da a sí mismo un Estado democrático y de derecho, que no se presenten a funcionarios o que renuncien a su plaza", aserta.

La presidenta de este colectivo advierte, en cualquier caso, de que la reforma del Código Civil que reconoce la posibilidad de matrimonio a las parejas gays no recoge el derecho a la objeción de conciencia. "No se puede admitir que un juez pueda aplicar o no las leyes en función de sus creencias", subraya.

Sin embargo la señora (señorita? señor?) Gimeno confunde a los funcionarios con los jueces e ignora que los jueces han de jurar o prometer acatar y cumplir la Ley, así como hacerla cumplir, les guste o no, por lo que el Estatuto profesional del juez no contempla la cláusula de conciencia, pero ello no afecta a los funcionarios, exentos de tal juramento.

Dice el artículo 16 de nuestra Constitución que «”Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin mas limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden publico protegido por la Ley.”»

Conforme a ello, cuando se obliga a actuar en contra de nuestras convicciones, se están pisoteando dichas libertades garantizadas por la más alta normativa, superior en rango a cualquier otra. No se puede ir contra la Constitución.

Sin embargo, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Madrid contra la secretaria del juzgado de Colmenar Viejo (Madrid), estipula que no cabe la objeción de conciencia, ni por motivos religiosos ni por cualesquiera otros para inhibirse del cumplimiento de la ley. Y aquí está la interpretación sesgada de la ley porque la norma no dice que los funcionarios no tengan objeción de conciencia sino que los homosexuales pueden casarse, así que la secretaría del Juzgado incumplirá su trabajo, en todo caso, pero no la ley, que puede formalizarse por cualquier otro funcionario.

No obstante, a pesar de que ZP haya logrado imponer su criterio, sigo opinando que la libertad de conciencia no puede ser barrida y suplantada por las leyes que una minoría ha logrado imponer.

Así parece entenderlo también el Foro Español de la Familia, que afirma "Quien niega el derecho a la objeción de conciencia, está afirmando que el Estado dicta cómo deben ser las conciencias de los ciudadanos. Hasta ahora, esto sólo lo han defendido en el mundo moderno Stalin y Hitler".

Y a partir de ahora, también Zapatero.