ZP, ese hombre - III parte

Hay que poner límites al tema de las fronteras y nunca mejor dicho. Hay que poner a Marruecos contra la pared y decirle de una vez por todas que o pone fin al asalto de nuestras fronteras, por tierra y por mar, o aquí se acaban las facilidades para el paso de camiones con productos agrícolas –que encima nos hacen la competencia– procedentes de tierras marroquíes y capital francés. Es lo que procede y eso es lo que nos hacen unos y otros un día sí y otro también, pero para eso habría que ser decentes y estar decidido a que se nos respetase. Lo que tenemos, por el contrario, es un Gobierno de fantoches que no merece el respeto de nadie, ni siquiera de los españoles.

Las fronteras terrestres, aunque no sirvan para mucho, están delimitadas, pero las fronteras marítimas son motivo de un antiguo y largo contencioso ya que no nos ponemos de acuerdo en la forma de delimitarlas. Parece sencillo porque todos sabemos cuales son nuestras costas pero habiendo petróleo por medio el asunto ya no es tan claro. Y esa es la madre del cordero.

Cada país tiene su Zona de Exclusividad Económica (ZEE) –su nombre describe de qué se trata– que generalmente está limitada por la línea mediana entre dos países o la que delimita las doscientas millas desde la costa. Hasta ahora los intentos de delimitación se han enfrentado a la hostilidad marroquí, aunque la legalidad internacional permite a España delimitar unilateralmente su “mar territorial” trazando en su caso la mediana y así lo hemos hecho, como se recoge en nuestra Ley de Costas –art. 3.3– sin que Marruecos haya acudido a los tribunales internacionales por ello.

En Canarias hay petróleo, pero el conflicto surge cuando los pozos que han de extraerlo se sitúan en un punto que está dentro de la línea mediana pero también dentro de las doscientas millas de la costa saharaui que Marruecos considera suya, ya que los permisos para las prospecciones están localizados entre 15 y 50 millas de la costas canarias.

Marruecos mantiene que dichas aguas le pertenecen según la normativa vigente, Esa normativa señala que los estados archipiélagos pueden extender sus aguas hasta 200 millas de Zona Económica Exclusiva y que en caso de chocar con otro país, se establece la mediana entre ambos.

Según Marruecos, éste no es el caso, puesto que Canarias es un archipiélago de Estado –no un Estado archipiélago– y éste no puede aspirar a más de las 12 millas de aguas territoriales en torno a cada isla. Esa es la razón de los apresamientos de pesqueros españoles en aguas que España considera propias y fuera de las territoriales marroquíes. Pero según ellos, Canarias están en aguas marroquíes, excepto 12 millas alrededor de las islas.

Por parte española, se considera que las discrepancias y el conflicto abierto sobre la soberanía de las aguas debe resolverse en función del Tribunal Internacional de La Haya, que dictaminó el 16 de octubre de 1975 que Marruecos no tiene soberanía sobre los territorios de el Sahara ni, por tanto, sobre sus aguas.

Hay una reciente resolución de la ONU donde no se le reconoce a Marruecos la condición de país administrador de los territorios del Sahara y, por lo tanto, se le niega también cualquier capacidad de conceder permisos de extracciones petrolíferas no sólo en el continente sino también en las aguas jurisdiccionales.

Sin embargo, Marruecos no ha querido acudir a los tribunales internacionales para establecer los límites de las aguas jurisdiccionales. La razón es que a Marruecos no le conviene acudir a los tribunales porque ello tendría un coste mucho mayor para Marruecos que para España.

En el Mediterráneo esa demanda supondría la confirmación por el Tribunal Internacional de Justicia de los títulos de soberanía española en el norte de África, ya que para defender sus pretensiones Marruecos tendría que demostrar que España no tiene soberanía sobre los espacios terrestres que generan su derecho a una zona marítima. Resulta obvio que Marruecos nunca podría demostrar su soberanía sobre los territorios españoles del norte de África, ni siquiera sobre Perejil.

En el Atlántico sucede lo mismo. Aunque España concedió licencias petrolíferas en las proximidades de las islas Canarias sin haber acordado previamente con Marruecos el reparto de la ZEE, Marruecos no ha demandado a España ante el Tribunal Internacional de Justicia porque ello podría reabrir el contencioso del Sáhara Occidental ya que para definir la ZEE y la plataforma continental habría que dar el dato de sobre qué espacios terrestres y consecuentes mares territoriales se ejerce soberanía.

Siendo evidente que desde el punto de vista internacional Marruecos no ejerce soberanía sobre el Sáhara, una tal demanda podría dar lugar a un nuevo pronunciamiento de Tribunal Internacional de Justicia contrario a las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara que, en este momento, en el que se apuesta políticamente por la anexión contraviniendo la legalidad internacional, sería de un coste internacional inasumible para Marruecos e incluso para sus aliados americanos y franceses que aspiran al petróleo saharaui.

España tiene muchas bazas y es un buen momento para imponer sus fronteras y hacerlas reconocer internacionalmente conforme a una soberanía que Marruecos no puede discutir, pero en manos de ZP y Moratinos, España perderá una vez más su oportunidad y sus derechos.