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01 octubre 2005

ZP el presidente perjuro

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La legislación establece que el Presidente electo por el Parlamento a propuesta del Rey, debe jurar o prometer el cargo ante un ejemplar de la Constitución Española –abierto en el artículo correspondiente al Gobierno y Administración– así como ante un crucifijo y una Biblia que perteneció a Carlos IV –abierta en el capitulo referido al voto y al juramento– aunque Rodríguez Zapatero prefirió prometer, en contraste con su antecesor -presente en este acto- José María Aznar, que eligió jurar cuando asumió la responsabilidad de gobernar el país ibérico.

«"Prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de Presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros"», fue la fórmula leída por el nuevo presidente, mientras mantenía su mano extendida sobre la mesa.

Prometió “cumplir fielmente con las obligaciones del cargo” y éstas se resumen en proteger la integridad territorial y la identidad nacional y sus valores tradicionales, así como procurar el bienestar, la salud y la prosperidad para la totalidad de los ciudadanos.

Pero nada de eso. Está siendo el valedor de la desintegración nacional e incumpliendo las obligaciones solemnemente prometidas. Ninguna Constitución ni Gobierno democrático de país alguno permite que se otorguen concesiones en que de alguna manera se altere la forma de gobierno o se lesionen o menoscaben la integridad del territorio, la soberanía e independencia de la Nación o los derechos y garantías fundamentales de la persona. El presidente Rodríguez está favoreciendo todo ello y consiente que se legisle hacia la independencia de una parte de la nación y en contra de los derechos de quienes se ven excluidos y tratados como extranjeros en su propio país.

Prometió igualmente “Guardar y hacer guardar la Constitución” pero no dudará en modificar lo que haga falta, contando con la complicidad de los juristas que deberían declarar inconstitucionales algunos aspectos pero que en lugar de ello se dedican a justificar los injustificable, con el fin de dar satisfacción a las pretensiones de los nacionalistas que han de mantenerle en el poder.

Al presidente Rodriguez, también conocido como ZP el Exterminador, hay que recordarle que la independencia de poderes, su mutuo control para evitar excesos y sectarismos, la adecuada representación de mayorías y minorías para que unos pocos no puedan gobernar a las mayorías, la libertad de expresión y pluralidad de los medios, el derecho al pleno acceso a la información sin manipulación alguna, las elecciones libres de influencias y presiones, etc., constituyen elementos esenciales de la democracia, pero han venido siendo vulnerados por ZP y los suyos desde el primer día.

La gobernabilidad democrática supone también transformaciones sociales, económicas y culturales que conduzcan a disminuir las desigualdades y los problemas de exclusión social que están recibiendo respaldo legislativo en Cataluña y Vascongadas respecto a los demás españoles. Los ciudadanos, mayoritariamente, rechazamos la aplicación de medidas unilaterales por parte de minorías particularmente coercitivas, que chantajean al Gobierno a cambio de apoyar su supervivencia.

Es responsabilidad del Gobierno fomentar la cooperación política entre regiones y exigir de ellas el respeto a la soberanía y a la integridad territorial nacional, sin perjuicio de las tradiciones arraigadas en cada una de nuestras sociedades y de la máxima cuota de autogobierno que sea posible otorgarles sin menoscabo de la nación ni diferencias preferenciales.

Es también responsabilidad del Gobierno rechazar cualquier forma o intento de alterar el orden institucional recogido en la Carta Magna suscrita y aprobada por la totalidad de las fuerzas políticas y cuyo espíritu y contenido se está alterando por unos pocos, con el permiso y colaboración del presidente que juró guardar y hacer guardar la Constitución.

La experiencia política que nos trasmite la Historia pone de manifiesto que la gobernabilidad democrática se fortalece en un entorno de paz y seguridad internacionales. Perder deliberadamente el apoyo de la única nación –EE.UU.– que nos hubiera apoyado y podría contener una agresión de nuestro único enemigo potencial –Marruecos– ha sido un acto de irresponsabilidad política cuyas incalculables consecuencias ya empezamos a ver, incluyendo la pérdida de vidas en las fronteras de Ceuta y Melilla, cuyas muertes comparte ZP con su aliado el rey moro.

Mientras que en el resto del mundo se destacan los esfuerzos –tanto binacionales como subregionales– por desarrollar la mayor fortaleza y unión entre comunidades, construyendo una red de relaciones cada vez más densa y multifacética, el Presidente Rodríguez desune y desgaja España y a esa retrógrada política la llama “avanzar”. El cargo que ZP ocupa no tiene otro objeto que hacer nuestra nación más grande y para ello debería trabajar con el fin de intensificar la cooperación entre regiones en lugar de hacerlo para separarlas.

El presidente Rodríguez no ha sido capaz de llevar a cabo un proceso de descentralización del Estado que camine a la par con la igualdad entre comunidades y el pleno ejercicio de la ciudadanía en cualquiera de ellas, desarrollando un espacio político donde consolidar el Estado español sobre la base de las diferencias locales y comunitarias, fortaleciendo el desarrollo económico integral de la sociedad española en su conjunto y totalidad.

La promesa de ZP el Exterminador incluía intensificar los lazos de cooperación entre regiones y buscar los mecanismos de cooperación bajo el principio de solidaridad para evitar posibles desequilibrios, así como salvaguardar, en el proceso, el principio básico de la igualdad entre todos los ciudadanos, más allá de su origen étnico o de su residencia geográfica, como base de la defensa de la soberanía nacional, obligación fundamental donde las haya para el presidente de cualquier Gobierno.

Así lo reconoció el presidente por accidente en el debate sobre el estado de la Nación del 11 de Mayo 2005 ante el Congreso de los Diputados:

«”Hemos mantenido una postura coherente con nuestra aceptación de la profunda diversidad que caracteriza, hoy y ayer y con seguridad mañana, esta realidad histórica que generaciones y generaciones llamaron, llaman y llamarán España y a la que sienten como la patria común de todos cuantos habitan sus territorios. Éste es mi sentimiento, éste es mi convencimiento y ésta es mi obligación como Presidente del Gobierno de la nación.”»

Vana palabrería y hueco discurso que se contradice con los hechos. La singularidad regional y la unidad de todos son exigencias compatibles, como lo son autonomía regional y la equidad, pero tales conceptos –unidad y equidad– han quedado abandonados por causa del alto precio a pagar por ZP a las minorías cuyo apoyo necesita para mantenerse en el poder.

ZP el Exterminador conservará el poder, pero la factura la está pasando a los españoles, aunque pronto seremos nosotros –el pueblo que le entregó el poder para que velara por España y la engrandeciera– quienes le pidamos cuentas en las urnas por sus incumplimientos al juramento prestado y a las sagradas obligaciones que de ello se derivan.

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